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enero 6, 20200

* CNDH refiere en informe que el 7 de junio se deben realizar las modificaciones

* Rev­ela los avances y mues­tra los pendientes

Soledad Jar­quín Edgar

Sem­Méx­ico, Cd. de Méx­ico, 6 enero 2020.- El Con­greso de la Unión en un plazo de un año impror­ro­gable, ten­drá que realizar las ade­cua­ciones nor­ma­ti­vas cor­re­spon­di­entes a efecto de obser­var el prin­ci­pio de pari­dad de género; lo que sig­nifica que el 7 de junio de 2020, tienen que mod­i­fi­carse todas las dis­posi­ciones nor­ma­ti­vas que garan­ti­cen y hagan efec­tiva la pari­dad de género.

Así lo señala el informe de la Comisión Nacional de los Dere­chos Humanos sobre La Par­tic­i­pación Política Equi­li­brada entre Mujeres y Hom­bres en Méx­ico, 2019: Los desafíos de la reforma con­sti­tu­cional en mate­ria de pari­dad, que agrega que estas leyes elec­torales fed­eral y locales deberán pro­mul­garse y pub­li­carse por lo menos 90 días antes de que ini­cie el pro­ceso elec­toral en que vayan a apli­carse, y durante el mismo no podrá haber mod­i­fi­ca­ciones legales fundamentales.

El informe de más de 200 pági­nas refiere que las leg­is­lat­uras de las enti­dades fed­er­a­ti­vas, deberán realizar las refor­mas cor­re­spon­di­entes en su leg­is­lación, para procu­rar la obser­van­cia del prin­ci­pio de pari­dad de género en los tér­mi­nos del artículo 41 constitucional.

No solo deben procu­rar, sino cumplir con la pari­dad de género, pues sólo de esta man­era podremos avan­zar hacia la igual­dad sus­tan­tiva y dar cabal cumplim­iento a la reforma con­sti­tu­cional e instru­men­tos inter­na­cionales; sobre todo si con­sid­er­amos que en toda democ­ra­cia la pari­dad no debe ser una opción, sino debe ser un imper­a­tivo, cuyo cumplim­iento con­tribuye a avan­zar hacia la tan anhelada igual­dad sustantiva”.

Tam­bién hace hin­capié en las mod­i­fi­ca­ciones al Artículo 2 Con­sti­tu­cional en mate­ria de pari­dad que debe instau­rarse en munici­p­ios indí­ge­nas, donde el “desafío de garan­ti­zar la pari­dad de género en las elec­ciones e inte­gración de ayun­tamien­tos de munici­p­ios que cuen­tan con población indí­gena; así como en aque­l­los munici­p­ios que se rigen por sis­temas nor­ma­tivos indí­ge­nas”. Y agrega que con­sol­i­dar una democ­ra­cia par­i­taria, para aumen­tar la par­tic­i­pación de las mujeres indí­ge­nas y afromex­i­canas es una tarea que requiere de un enfoque de género, de dere­chos humanos e inter­cul­tural sobre los pueb­los y comu­nidades indí­ge­nas y afromexicanas.

Una primera impli­cación de la reforma con­sti­tu­cional será armo­nizar la Frac­ción VII del Apartado A del Artículo 2º, en las con­sti­tu­ciones de al menos, las nueve enti­dades fed­er­a­ti­vas del país con mayor pres­en­cia indí­gena: Chi­a­pas, Guer­rero, Hidalgo, Oax­aca, Puebla, Quin­tana Roo, San Luis Potosí, Ver­acruz y Yucatán. Y reglamen­tar en las leyes elec­torales de esos esta­dos, la rep­re­sentación par­i­taria ante los ayun­tamien­tos de munici­p­ios con población indígena”.

El recuento

El informe de la CNDH refiere que como resul­tado de la Pari­dad, la par­tic­i­pación de las mujeres en los car­gos den­tro del leg­isla­tivo se ha incre­men­tado, pero exis­ten bre­chas aún sig­ni­fica­ti­vas en la inte­gración del Poder Ejec­u­tivo y Judi­cial, así como en organ­is­mos autónomos.

El doc­u­mento explica que como resul­tado del pro­ceso elec­toral 2018, el 48.2 por ciento de las diputa­ciones fed­erales están ocu­padas por mujeres, en tanto que la Senaduría está con­for­mada por el 49.22 por ciento de mujeres, ambos casos con­sid­er­a­dos como “históricos”.

Antes de esas elec­ciones, los con­gre­sos locales reg­is­traron un prome­dio nacional de 41.44 % de curules ocu­padas por mujeres. Después y una vez que las autori­dades elec­tas asum­ieron los car­gos, éste por­centaje ascendió a 48.97 %, es decir, aumentó 7.53 pun­tos por­centuales de un pro­ceso elec­toral a otro. Por lo que la par­tic­i­pación de las mujeres en los con­gre­sos se encuen­tra en el nivel más alto en la his­to­ria de México.

Aclara que en sep­tiem­bre pasado al tomar protesta las nuevas leg­is­lat­uras de Baja Cal­i­for­nia y Quin­tana Roo, con por­centaje de par­tic­i­pación de diputadas de 48 y 52 por ciento, respec­ti­va­mente; el por­centaje a nivel nacional de la par­tic­i­pación de las mujeres aumentó a 49.42 por ciento en las enti­dades federativas.

Desigual­dad en la toma de decisiones

Tal y cómo lo señaló Sem­Méx­ico en diciem­bre pasado, el informe afirma que el incre­mento de diputadas no se refleja en la inte­gración de las Jun­tas de Coor­di­nación Política:

En el Senado de la República, la JUCOPO está com­puesta por siete hom­bres (63.64 %) y cua­tro mujeres (36.36 %); mien­tras que en la Cámara de Diputadas y Diputa­dos la JUCOPO está integrada por siete hom­bres (87.5 %), y una mujer (12.5 %). Así, en ninguna de las Cámaras que com­prende que Con­greso de la Unión se encuen­tra una con­for­ma­ción par­i­taria de los órganos de direc­ción política.

En los con­gre­sos locales la par­tic­i­pación de las mujeres como diputadas es de 49.42 %; mien­tras que el prome­dio de las mujeres que for­man parte de las JUCO­POS es de 35.54 % (86 mujeres). De tal forma, se advierte que a nivel nacional existe una difer­en­cia por­centual de 28.93 % en con­tra de las mujeres en estos cargos.

Por ello, la CNDH sostiene que resulta nece­sario el garan­ti­zar que las mujeres no sólo for­men parte de los órganos leg­isla­tivos, sino que tam­bién for­men parte de los cuer­pos encar­ga­dos de tomar de decisiones.

Otro ejem­plo de los espa­cios donde aún no se cumple la pari­dad es en las comi­siones leg­isla­ti­vas, que han aumen­tado de man­era con­sid­er­able en rep­re­sentación de mujeres en com­para­ción con las ante­ri­ores y que en esta alcanzó el 49.5 %. Sin embargo, “se apre­cia que aún hay temas en los que las mujeres tienen una par­tic­i­pación menor que los hom­bres, par­tic­u­lar­mente en las comi­siones de seguri­dad pública (30% de mujeres frente a 70% de hom­bres ocu­pando ese cargo)”.

El Poder Ejecutivo

Por lo que respecta, a la tit­u­lar­i­dad de las mujeres en el Poder Ejec­u­tivo sigue siendo un desafío, actual­mente, ninguna mujer ha sido pres­i­denta de la república, y sólo nueve mujeres han sido tit­u­lares del Poder Ejec­u­tivo en siete entidades.

Indica que de acuerdo con el INEGI la par­tic­i­pación de las mujeres den­tro de los puestos de mando de las depen­den­cias de la admin­is­tración pública fed­eral no rebasa del 20 %; mien­tras que, según datos de la Sec­re­taría de Rela­ciones Exte­ri­ores, de las 79 emba­jadas del gob­ierno mex­i­cano, 79.7 % son dirigi­das hom­bres y 20.3 % por mujeres. De tal forma, la pari­dad en los puestos direc­tivos de las admin­is­tra­ciones públi­cas es uno de los grandes desafíos que enfrentará la reforma pub­li­cada en junio de 2019. Sim­i­lar cir­cun­stan­cia se advierte de la com­posi­ción de los poderes judiciales.

Gob­ier­nos Municipales

Con respecto a la par­tic­i­pación de las mujeres en los munici­p­ios, ha aumen­tado con­sid­er­able­mente en los car­gos de síndi­cas y regi­do­ras, pero no así con las pres­i­den­cias munic­i­pales. El número de síndi­cas aumentó de 13 % en 2007, a 52.6 % en 2016. Mien­tras que, el número de regi­do­ras incre­mentó de 27.6 % en 2007, a 45.2 % en 2016. Sin embargo, en el caso de las pres­i­den­cias munic­i­pales el incre­mento de las mujeres ejer­ciendo este cargo ha sido sólo de 10 pun­tos por­centuales en un peri­odo de casi diez años (de 4.6 % en 2007 a 14 % en 2016).

Después del pro­ceso elec­toral 20172018, se eligieron mil 606 autori­dades munic­i­pales en 25 enti­dades del país, lo que dio como resul­tado que 437 mujeres fueran elec­tas (27.21 %). Otras tres enti­dades se eligieron a las autori­dades de 55 munici­p­ios. De éstas, 17 son pres­i­den­tas munic­i­pales (30.91%) y 38 pres­i­dentes munic­i­pales (69.09%).

La Vio­len­cia Política

El doc­u­mento explica las impli­ca­ciones neg­a­ti­vas de la vio­len­cia política por razones de género, la cual con­sti­tuye una clara vio­lación a los dere­chos políti­cos de las mujeres, tam­bién al dere­cho a la inte­gri­dad, a la no dis­crim­i­nación, a una vida libre de vio­len­cia y, en los casos más extremos, con­sti­tuyen un aten­tado al dere­cho a la vida; entre otros dere­chos que pudieran vulnerarse.

Señala que ésta se poten­cia cuando en su difusión se suman los medios de comu­ni­cación como propa­gadores de men­sajes dis­crim­i­na­to­rios y vio­len­tos con­tra las mujeres, como un medio para elim­i­narlas de los pro­ced­imien­tos elec­torales o de la toma de deci­siones en el ámbito público.

Hasta el 18 de sep­tiem­bre de 2019, 29 enti­dades fed­er­a­ti­vas pre­vén la vio­len­cia política en sus leyes en mate­ria de acceso de las mujeres a una vida libre de vio­len­cia, como un tipo y/​o modal­i­dad de vio­len­cia que se puede ejercer en con­tra de las mujeres, lo que con­sti­tuye el 90.6 % de las enti­dades. 15 enti­dades con­tem­plan en su leg­is­lación elec­toral una defini­ción de vio­len­cia política con­tra las mujeres; mien­tras que siete más hacen alguna men­ción sobre “vio­len­cia política con­tra las mujeres”.

En ese sen­tido, la CNDH con­sid­era nece­sario que las reg­u­la­ciones en mate­ria elec­toral incluyan qué se entiende por vio­len­cia política de género, y san­ciones para las per­sonas que cometan este tipo de actos. Estas san­ciones deben ser pen­sadas de tal man­era que no puedan ser asum­i­das como “cos­tos renta­bles” por parte de los actores políti­cos, sino de un peso que desin­cen­tive la comisión de este tipo de actos.

En mate­ria penal sólo nueve enti­dades fed­er­a­ti­vas incor­po­ran en su reg­u­lación penal a la vio­len­cia política por razones de género como un delito, las cuales son: Baja Cal­i­for­nia Sur, Chi­huahua, Estado de Méx­ico, Gua­na­ju­ato, Nuevo León, Oax­aca, Quin­tana Roo, Ver­acruz y Zacate­cas. Cabe señalar que, en el caso de Oax­aca, la vio­len­cia política con­tra las mujeres se prevé como un agra­vante del delito de vio­len­cia política.

Ahora bien, en cuanto la armo­nización leg­isla­tiva, se deben de mod­i­ficar diver­sas leyes secun­darias que garan­ti­cen y hagan oper­a­tivo el cumplim­iento de la pari­dad de género en todos los nive­les de gob­ierno fed­eral, local y munic­i­pal, así como en todos los órganos autónomos.

SEM/​sj

Pub­li­cación: Leti­cia E. Becerra Valdez

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