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enero 6, 20200

* Deberá ser obser­vador en la Admin­is­tración Pública Federal

* Pre­tende garan­ti­zar una vida libre de vio­len­cia para las mujeres en el ser­vi­cio público

Elda Mon­tiel

Sem­Méx­ico, Cd. de Méx­ico, 6 de enero 2020.- Garan­ti­zar una vida libre de vio­len­cia para las mujeres en el ser­vi­cio público es el obje­tivo del Pro­to­colo para la pre­ven­ción, aten­ción y san­ción del hostigamiento sex­ual y acoso sex­ual en la admin­is­tración pública fed­eral, que se pub­licó el pasado 3 de enero en el Diario Ofi­cial de la Fed­eración y que entrará en vigor en 30 días.

Las sec­re­tarías de Gob­er­nación, de la Fun­ción Pública y el Insti­tuto Nacional de las Mujeres suscriben el Pro­to­colo cuyo obje­tivo es estable­cer las bases del pro­ced­imiento que deberá imple­men­tarse en todas las depen­den­cias ofi­ciales para aten­der, pre­venir y san­cionar cualquier actuación de vio­len­cia en con­tra de las mujeres.

Por lo que con­sid­er­aron que era nece­sario estable­cer una guía de actuación para las servi­do­ras públi­cas, en el ámbito de sus com­pe­ten­cias, que garan­ti­zara un clima lab­o­ral libre de vio­len­cia, desde una per­spec­tiva de género y con base en los instru­men­tos inter­na­cionales y nacionales en mate­ria de dere­chos humanos.

Establece medi­das especí­fi­cas­para pre­venir con­duc­tas de hostigamiento sex­ual y acoso sex­ual, desde cam­pañas de sen­si­bi­lización en mate­ria de igual­dad entre mujeres y hom­bres hasta man­tener en el anon­i­mato el nom­bre de la pre­sunta víc­tima, así como el de la per­sona denun­ci­ada, hasta no emi­tir una res­olu­ción, así como brindar ori­entación y en su caso acom­pañamiento espe­cial­izado a la víctima.

En su apli­cación el Pro­to­colo con­sid­era los prin­ci­p­ios de Cero tol­er­an­cia a las con­duc­tas de hostigamiento sex­ual y acoso sex­ual: Respeto, pro­tec­ción y garan­tía de la dig­nidad, así como la Pro­hibi­ción de represalias.

Para con­tribuir a erradicar la impunidad que prop­i­cia la ocur­ren­cia del hostigamiento y acoso sex­ual en el ser­vi­cio público bus­cará señalar cuáles serán las instan­cias al inte­rior de la admin­is­tración pública para cono­cer, dar seguimiento y san­cionar este tipo de acciones.

Tam­bién se estable­cerán las pau­tas para que cada depen­den­cia del gob­ierno fed­eral cuente con un reg­istro de los casos de hostigamiento sex­ual y acoso sex­ual para iden­ti­ficar los patrones e imple­men­tar las acciones necesarias.

Los Comités de ética y de pre­ven­ción de con­flic­tos de interés, con­for­ma­dos en cada depen­den­cia o enti­dad de la Admin­is­tración Pública Fed­eral en tér­mi­nos del Código de ética vigente, ten­drán un papel relevante.

Advierte que la apli­cación del pro­to­colo no afec­tara el cumplim­iento de las diver­sas dis­posi­ciones judi­ciales en mate­ria lab­o­ral, admin­is­tra­tiva y penal. Así como toda la infor­ma­ción que se genere estará sujeta a lo estable­cido en las dis­posi­ciones en las mate­rias de trans­paren­cia, acceso a la infor­ma­ción pública, pro­tec­ción de datos per­son­ales, archivos y demás nor­ma­tiva aplicable.

Pro­nun­ci­amien­tos de Cero tol­er­an­cia al acoso sexual

Como acciones especí­fi­cas de pre­ven­ción, los tit­u­lares de las depen­den­cias, deberán emi­tir un pro­nun­ci­amiento de «Cero Tol­er­an­cia» a las con­duc­tas de hostigamiento sex­ual y acoso sex­ual, así como los tipos de san­ciones a los que puede haber lugar por estas con­duc­tas, que deberá comu­ni­carse per­iódica­mente a las per­sonas servi­do­ras públi­cas, a través de los medios o canales de comu­ni­cación institucionales.

Expre­sar, de forma enun­cia­tiva más no lim­i­ta­tiva, las con­duc­tas que vul­neran la Regla 13 de «com­por­tamiento digno» de las Reglas de Inte­gri­dad para el Ejer­ci­cio de la Fun­ción Pública, pub­li­cadas en el Diario Ofi­cial de la Fed­eración el 6 de sep­tiem­bre de 2016.

El pro­nun­ci­amiento debe explic­i­tar que la pro­hibi­ción de estas con­duc­tas incluye al per­sonal, público usuario y per­sonal sin nom­bramiento como per­sonas presta­do­ras de ser­vi­cio social, per­sonal de hon­o­rar­ios y per­sonas sub­con­tratadas, entre otras.

Para efec­tos del pro­to­colo se define el acoso sex­ual como una forma de vio­len­cia con con­no­tación las­civa en la que, si bien no existe la sub­or­di­nación, hay un ejer­ci­cio abu­sivo de poder que con­ll­eva a un estado de inde­fen­sión y de riesgo para la víc­tima, inde­pen­di­en­te­mente de que se real­ice en uno o var­ios eventos.

El hostigamiento sex­ual como el ejer­ci­cio del poder, en una relación de sub­or­di­nación real de la víc­tima frente al agre­sor en los ámbitos lab­o­ral y/​o esco­lar. Se expresa en con­duc­tas ver­bales, físi­cas o ambas, rela­cionadas con la sex­u­al­i­dad de con­no­tación lasciva.

Y se inter­pre­tara como Vio­len­cia con­tra las mujeres cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrim­iento psi­cológico, físico, pat­ri­mo­nial, económico, sex­ual o la muerte tanto en el ámbito pri­vado como en el público.

Se con­sid­er­ará como denun­cia, la man­i­festación de hechos pre­sun­ta­mente irreg­u­lares que se hacen del conocimiento de la autori­dad por la pre­sunta víc­tima o por un ter­cero, que impli­can hostigamiento sex­ual o acoso sex­ual en los que se encuen­tran involu­cradas per­sonas servi­do­ras públi­cas en ejer­ci­cio de sus funciones.

Se enfa­tiza que en el desem­peño de los empleos, car­gos, comi­siones o fun­ciones del ser­vi­cio público den­tro de la Admin­is­tración Pública Fed­eral se deberá velar por la sal­va­guarda de la inte­gri­dad y dig­nidad de las personas.

Medi­das de protección

Las medi­das de pro­tec­ción bus­caran evi­tar la revic­tim­ización de la per­sona servi­dora pública, la repeti­ción del daño y a garan­ti­zar el acceso a la jus­ti­cia en sede admin­is­tra­tiva, la igual­dad jurídica y la no dis­crim­i­nación, de man­era enun­cia­tiva más no lim­i­ta­tiva, con las sigu­ientes posibilidades:

Reubi­cación física, cam­bio de unidad admin­is­tra­tiva, o de horario de labores ya sea de la pre­sunta víc­tima o de la per­sona pre­sun­ta­mente responsable.

La autor­ización a efecto de que la pre­sunta víc­tima real­ice su labor o fun­ción fuera del cen­tro de tra­bajo, siem­pre y cuando sus fun­ciones lo per­mi­tan; o bien, la restric­ción a la per­sona pre­sun­ta­mente respon­s­able para tener con­tacto o comu­ni­cación con la pre­sunta víctima.

O canalizar y ori­en­tar a la pre­sunta víc­tima a otras instan­cias con la final­i­dad de que reciba apoyo psi­cológico, social o médico, entre otras posibilidades.

Asimismo, se busca ase­gu­rar que la total­i­dad del per­sonal reciba al menos una sesión anual de sen­si­bi­lización en mate­ria de igual­dad entre mujeres y hom­bres y pre­ven­ción del hostigamiento sex­ual y acoso sexual.

Se establece la figura de per­sona con­se­jera, que será la des­ig­nada para ori­en­tar y acom­pañar a la pre­sunta víc­tima por hostigamiento sex­ual o acoso sex­ual y que serán des­ig­nadas por con­vo­ca­to­ria de la Unidad Admin­is­tra­tiva y de Finan­zas y las Unidades de Igual­dad de Género de cada depen­den­cia; por lo menos, una por cada 200 per­sonas servi­do­ras públicas.

Lo no pre­visto en el Pro­to­colo, se aten­derá con­forme a lo con­tem­plado en las pre­vi­siones, reglas y pau­tas de actuación con­tenidas en el marco jurídico nacional e inter­na­cional aplic­a­ble que, de man­era enun­cia­tiva más no lim­i­ta­tiva, incluye la Con­ven­ción sobre la elim­i­nación de todas las for­mas de dis­crim­i­nación con­tra la mujer, la Con­ven­ción Inter­amer­i­cana para Pre­venir, San­cionar y Erradicar la Vio­len­cia con­tra la Mujer, la Ley Gen­eral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio­len­cia, la Ley Gen­eral para la Igual­dad entre Mujeres y Hom­bres, la Ley Fed­eral para Pre­venir y Elim­i­nar la Dis­crim­i­nación, y las dis­posi­ciones jurídi­cas aplic­a­bles en mate­ria de respon­s­abil­i­dades administrativas.

SEM/​em/​sj

Pub­li­cación: Leti­cia E. Becerra Valdez

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