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  • Con 45 votos, aprueba el Pleno la ini­cia­tiva pre­sen­tada por la diputada Ivonne Tru­jillo, que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Redac­ción

SemMéxico/​Billie Parker Noti­cias. Xalapa, Ver­acruz. 23 enero 2020.- El Pleno de la LXV Leg­is­latura aprobó el dic­ta­men, resul­tado de la ini­cia­tiva pre­sen­tada el 17 de diciem­bre de 2019 por la diputada Ivonne Tru­jillo Ortiz, con el cual se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio­len­cia, ampliando el con­cepto de vio­len­cia política por razón de género para recono­cer que la pade­cen tam­bién las mujeres que ejercen un cargo de elec­ción pop­u­lar o en el desem­peño de un cargo público, por su única condi­ción de ser mujer.

Este dic­ta­men, aprobado con 45 votos, señala en el artículo 13 ter­cero que en los poderes Ejec­u­tivo, Leg­isla­tivo y Judi­cial, en los órdenes del gob­ierno estatal y munic­i­pal, así como en los organ­is­mos autónomos, todos los servi­dores públi­cos tienen la obligación de ase­gu­rar, en el ejer­ci­cio de sus fun­ciones, el dere­cho de las mujeres a una vida libre de vio­len­cia política.

Por tanto, están oblig­a­dos a absten­erse de: imponer por estereoti­pos de género, la real­ización de activi­dades y tar­eas aje­nas a las fun­ciones y atribu­ciones propias del cargo público que las mujeres osten­ten o en cualquier ámbito de ejer­ci­cio de los dere­chos político-​electorales o de aso­ciación de las mujeres y asig­nar respon­s­abil­i­dades que ten­gan como resul­tado la lim­itación del ejer­ci­cio de sus tar­eas que obsta­c­uli­cen o restrin­jan el ejer­ci­cio de su encargo.

Además de restringir el uso de la pal­abra, en las sesiones u otras reuniones y su par­tic­i­pación en comi­siones, comités y otras instan­cias inher­entes a su cargo, con­forme a la reglamentación aplic­a­ble, e imponer a las mujeres san­ciones injus­ti­fi­cadas, impi­di­endo o restringiendo el ejer­ci­cio de sus dere­chos políticos.

Tam­bién deberán absten­erse de divul­gar o rev­e­lar infor­ma­ción per­sonal y pri­vada, de las mujeres elec­tas, des­ig­nadas, que ocu­pen puestos admin­is­tra­tivos o direc­tivos, en el ejer­ci­cio de sus fun­ciones político-​públicas, con el obje­tivo de menoscabar su dig­nidad como seres humanos y uti­lizar la misma para obtener con­tra su vol­un­tad la renun­cia y/​o licen­cia al cargo que ejercen o pos­tu­lan; y pre­sionar o inducir a las autori­dades elec­tas o des­ig­nadas a pre­sen­tar renun­cia al cargo.

En las con­sid­era­ciones del dic­ta­men, la Comisión coin­cide con la autora, en el sen­tido que la vio­len­cia política en razón de género puede ser sim­bólica, económica, pat­ri­mo­nial, física, sex­ual y puede lle­gar al fem­i­ni­cidio político. Puede ser per­pe­trada por cono­ci­dos y/​o por descono­ci­dos, por hom­bres y tam­bién por mujeres; va dirigida con­tra pre­can­di­datas, can­di­datas, can­di­datas elec­tas, e incluso políti­cas en ejer­ci­cio de su cargo; y no se limita al pro­ceso elec­toral, la pueden pade­cer antes, durante y después de ejercer un cargo.

Tras ser aprobado por el Pleno, el diputado Rubén Ríos Uribe, pres­i­dente de la Mesa Direc­tiva, instruyó remi­tir el pre­sente decreto al Ejec­u­tivo estatal para su pub­li­cación en la Gac­eta Ofi­cial del Estado.

Fuente: SEM/​BPN

Pub­li­cación: Leti­cia E. Becerra Valdez

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