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Urge garan­ti­zar impar­cial­i­dad en la jus­ti­cia lab­o­ral, dice Luisa María Alcalde

26-​02-​2019.- Al inau­gu­rar las Audi­en­cias Públi­cas en mate­ria de reforma lab­o­ral, la vicepres­i­denta de la Mesa Direc­tiva, diputada Dolores Padierna Luna, expresó que el tema de tra­bajo es un pen­di­ente desde la pasada leg­is­latura, y afirmó que la Con­sti­tu­ción Política ha deposi­tado en el Poder Judi­cial un cam­bio trascen­den­tal en el mundo laboral.

Indicó que esta reforma no es poca cosa, “aunque sea chiq­uita, la ini­cia­tiva es un cam­bio muy grande en el cual ten­emos deposi­tadas muchas esper­an­zas. Es una deuda pen­di­ente y aspi­ramos –desde siem­pre– a la democ­ra­cia sindical”.

Se man­i­festó por tener jus­ti­cia lab­o­ral, ya que si algo no había era jus­ta­mente eso, “esta­mos nosotros en un cam­bio de rég­i­men; ya no será a la vieja usanza en las jun­tas de con­cil­iación, ahora será en el Poder Judicial”.

Padierna Luna aplaudió que el Senado de la República, por fin, rat­i­ficó el Tratado 98 de la Orga­ni­zación Inter­na­cional del Tra­bajo (OIT), “esto nos per­mite pri­orizar este tema por encima de una reforma lab­o­ral muy lam­en­ta­ble de 2012”.

Men­cionó que el viejo Tratado de Libre Com­er­cio con América del Norte (TLCAN), tiene un tono de reforma lab­o­ral, de asun­tos lab­o­rales y que nunca se tomó en cuenta, pues se suponía, cuando se firmó, que se homolog­a­rían los salarios, las condi­ciones de tra­bajo y la vida lab­o­ral en los tres países, pero fue todo lo con­trario, “se tomó el estancamiento de los salarios como ancla para el Tratado, entre otras muchas injusticias”.

Ahora, dijo, la firma del Tratado Méx­ico, Esta­dos Unidos y Canadá establece la necesi­dad de grandes aspec­tos, como los que abor­dará esta reforma. “Esto es pro­ducto de muchos años de lucha de tra­ba­jado­ras y tra­ba­jadores, así como de exper­tos que han dado toda su vida para un cam­bio lab­o­ral justo y no lo sería sin la Cuarta Trans­for­ma­ción que esta­mos empu­jando”, afirmó.

El pres­i­dente de la Junta de Coor­di­nación Política, Mario Del­gado Car­rillo, apuntó que la reforma lab­o­ral es un tema pen­di­ente del Poder Leg­isla­tivo, el cual se deriva de los artícu­los 107 y 123 Con­sti­tu­cional en mate­ria de jus­ti­cia laboral.

Detalló que este mandato debía hac­erse a más tar­dar el 24 de febrero de 2018 –así que esta­mos fuera de tiempo-​, de ahí el interés de cumplir con lo estable­cido en la Carta Magna.

Explicó que esta reforma tiene el propósito de tran­si­tar del Poder Ejec­u­tivo, que es de donde depende la Junta de Con­cil­iación y Arbi­traje, locales y fed­eral, al Poder Judi­cial, a través de tri­bunales en jus­ti­cia lab­o­ral, a fin de brindar certeza jurídica.

Añadió que en mate­ria de dere­cho colec­tivo se plantea sen­tar las bases para una ver­dadera trans­for­ma­ción en el ámbito sindi­cal y de con­trat­ación colec­tiva, al intro­ducir los tér­mi­nos de rep­re­sen­ta­tivi­dad, trans­paren­cia y democ­ra­cia en la vida de las orga­ni­za­ciones sindicales.

Nece­si­ta­mos que esta reforma revi­tal­ice a los sindi­catos y a la con­trat­ación colec­tiva como instru­men­tos de con­struc­ción de con­sen­sos entre tra­bajo y cap­i­tal en aras de mejo­ras salar­i­ales y lab­o­rales, dejando atrás la unilateralidad”.

Indicó que las audi­en­cias públi­cas se han con­ver­tido en una de las car­ac­terís­ti­cas de esta Leg­is­latura, porque en ellas se abor­dan los temas más impor­tantes en coop­eración de la sociedad y los actores rel­e­vantes para escuchar su voz y apor­tar una opinión al respecto.

La sec­re­taria del Tra­bajo y Pre­visión Social, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que esta reforma es la más impor­tante en mate­ria lab­o­ral de los últi­mos tiem­pos, por muchas razones. La primera, es una deuda pen­di­ente de tran­si­tar de las jun­tas de Con­cil­iación y Arbi­traje a los tri­bunales lab­o­rales, “no sólo porque hay que garan­ti­zar impar­cial­i­dad en la jus­ti­cia lab­o­ral, sino tam­bién porque se requería ya de pro­ced­imien­tos más ágiles, expe­d­i­tos, orales, en pres­en­cia del juez y mod­er­nos” que per­mi­tan dar rapi­dez a los actuales juicios que duran muchísimo tiempo en resolverse.

Otra razón, dijo, es garan­ti­zar autonomía del órgano que se encar­gará de todos los reg­istros sindi­cales del país. La idea, con­tinuó, es que real­mente se respete el dere­cho de todas y todos los tra­ba­jadores a orga­ni­zarse de man­era libre, así como acatar el Con­ve­nio 98 de la OIT, que es parte de los ejes de esta iniciativa.

Alcalde Luján pre­cisó que los tres ele­men­tos esen­ciales que dan cauce a esta ini­cia­tiva son el Con­ve­nio 98 de la OIT, la reforma Con­sti­tu­cional en mate­ria lab­o­ral y los com­pro­misos asum­i­dos por Méx­ico en el marco del T– MEC. Estos “dan al Con­greso el marco a través del cual debe resul­tar esta ley secundaria”.

Enfa­tizó que es fun­da­men­tal la tran­si­ción en la jus­ti­cia lab­o­ral y la garan­tía de un órgano autónomo que se encar­gue de todos los reg­istros sindi­cales del país, de los depósi­tos de los con­tratos colec­tivos y la con­cil­iación que será oblig­a­to­ria. “Antes de ir a juicio se ten­drá que tratar primero de resolver en una mesa de negociación”.

Destacó la impor­tan­cia de rescatar la nego­ciación colec­tiva a través de pro­ce­sos libres y democráti­cos, que los tra­ba­jadores puedan decidir, a través del voto per­sonal libre y secreto, quiénes son sus diri­gentes, que se con­sulte a los tra­ba­jadores antes de fir­mar con­tratos colec­tivos y que haya certeza de que los tra­ba­jadores y los empleadores están rep­re­sen­ta­dos en la mesa de negociación.

Rosa Elena González Tirado, con­se­jera de la Judi­catura Fed­eral, recono­ció el esfuerzo del Con­greso para dis­cu­tir las diver­sas ini­cia­ti­vas sobre el tema. “Este par­la­mento abierto es sin duda el espa­cio ideal para escuchar las voces y encon­trar las mejores fór­mu­las que con­duz­can a una reforma que mate­ri­al­ice los fines del cambio”.

Agregó que el Poder Judi­cial es pieza fun­da­men­tal en esta reforma lab­o­ral, ya que el ajuste com­pe­ten­cial para el conocimiento de los con­flic­tos de tra­bajo rep­re­senta un nuevo esquema. El cam­bio implica una mod­i­fi­cación en el sis­tema de jus­ti­cia lab­o­ral, en el cual, inter­ven­drá un cen­tro de con­cil­iación prej­u­di­cial y tri­bunales fed­erales que resolverán la con­tro­ver­sia bajo modal­i­dades diver­sas a las que actual­mente se emplean.

El Poder Judi­cial tiene la certeza de que en este ejer­ci­cio de diál­ogo e inter­cam­bio de ideas se encuen­tren las mejores reglas que per­mi­tan esa con­cretización en los hechos, no en las leyes. Refren­damos nue­stro com­pro­miso para que en el marco de colab­o­ración apor­tar ele­men­tos que per­mi­tan a las y los leg­is­ladores asumir la mejor decisión al momento de apro­bar la reforma. Este es un momento histórico, aproveché­moslo. Méx­ico nece­sita una jus­ti­cia que en real­i­dad sea justa”.

El diputado Manuel de Jesús Baldene­bro Arredondo, pres­i­dente de la Comisión del Tra­bajo y Pre­visión Social, afirmó que “vio­len­tar el dere­cho de un tra­ba­jador en Méx­ico es algo que duele, pero cuando el Estado mismo los vio­lenta es algo que no se puede pasar”, por eso la Reforma Lab­o­ral interesa y es tema cen­tral para todos.

Cuando las orga­ni­za­ciones sindi­cales que dicen rep­re­sen­tar a los tra­ba­jadores vul­neran los dere­chos de quienes rep­re­sen­tan, eso sig­nifica “ya un alto y un hasta aquí”, aseguró.

Al apun­tar la rel­e­van­cia de la reforma a la Ley Fed­eral del Tra­bajo, sos­tuvo que es uno de los asun­tos cen­trales para nues­tra democ­ra­cia y hará posi­ble el equi­lib­rio entre los fac­tores de la producción.

La ini­cia­tiva es trascen­den­tal porque ade­cuará la reforma con­sti­tu­cional de febrero de 2017 a los trata­dos inter­na­cionales suscritos por el país, como el Con­ve­nio 98 de la Orga­ni­zación Inter­na­cional del Tra­bajo, sobre el dere­cho de sindi­cación y nego­ciación colec­tiva, así como el Capí­tulo 19 del Tratado Inte­gral y Pro­gre­sista de Aso­cia­ciones Transpací­fico y el Anexo 23 del Tratado Com­er­cial cel­e­brado entre Méx­ico, Esta­dos Unidos y Canadá, el T-​MEC.

Para los leg­is­ladores es obligación escuchar todas las voces y cono­cer pos­turas, a fin de tomar una decisión real­mente infor­mada sobre la mod­i­fi­cación a este marco jurídico, medi­ante el par­la­mento abierto como un ejer­ci­cio enrique­ce­dor y valioso resul­tado de un esfuerzo inédito de todos los gru­pos parlamentarios.

Nue­stro tra­bajo como Comisión es analizar las ini­cia­ti­vas de man­era respon­s­able para lle­var­las a buen puerto y emi­tir el dic­ta­men en busca no sólo de for­t­ale­cer, democ­ra­ti­zar y mod­ern­izar la ley lab­o­ral, sino respetar al Estado de dere­cho y la vigen­cia del prin­ci­pio de rep­re­sen­ta­tivi­dad sindi­cal, de libre nego­ciación colec­tiva que encamine al país a una trans­for­ma­ción que lo haga com­pet­i­tivo en el ámbito global.

Se pre­tende tran­si­tar del actual sis­tema tri­par­tita de con­cil­iación y arbi­traje a un nuevo sis­tema de con­cil­iación y de jus­ti­cia lab­o­ral, estable­cido en la reforma con­sti­tu­cional de 2017.

Señaló que la LXIV Leg­is­latura da pasos sus­tan­ciales para con­sol­i­dar los pilares de un par­la­mento abierto, a través de trans­paren­cia, equidad, colab­o­ración y par­tic­i­pación activa de la sociedad.

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Pub­li­cación: Leti­cia E. Becerra Valdez













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