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Sem­Méx­ico, CDMX, 19 de noviem­bre 2020.-

Para hacer real­i­dad la igual­dad salar­ial entre hom­bres y mujeres y la no a la dis­crim­i­nación lab­o­ral anoche se aprobó un dic­ta­men en el Senado de la República, con refor­mas a 14 leyes fed­erales y gen­erales que obliga a los gob­ier­nos fed­eral y de los esta­dos, y a la ini­cia­tiva pri­vada a realizar acciones de igual­dad en mate­ria de salarios y presta­ciones; a trans­parentar cómo se asig­nan las remu­nera­ciones en la admin­is­tración pública fed­eral y a con­sid­erar todos los cri­te­rios que aún mantienen una catál­ogo de desigual­dades y vio­len­cia de género en el tra­bajo de las mujeres.

Las refor­mas bus­can –dice el dic­ta­men– con­tribuir a elim­i­nar la dis­crim­i­nación salar­ial de las mujeres en su entorno lab­o­ral, no sólo san­cio­nando las con­duc­tas que priv­i­legien por razón de género a un tra­ba­jador sobre otro, sino obligando al patrón a reparar el daño oca­sion­ado y estable­ciendo un mecan­ismo de mon­i­toreo y vig­i­lan­cia de prác­ti­cas salar­i­ales y nor­mas del tra­bajo que per­mita la discriminación.

El dic­ta­men aprobado por las comi­siones unidas de Tra­bajo y Pre­visión Social; para la igual­dad de Género y Estu­dios Leg­isla­tivos se fundó en 11 ini­cia­ti­vas pre­sen­tadas por más de 50 senadores y senado­ras, mod­i­fica 11 leyes fed­erales y tres leyes gen­erales, entre otras las de tra­bajo, ISSSTE, hacienda, cámaras empre­sar­i­ales, trans­paren­cia, pre­supuesto, de la admin­is­tración pública y la de acceso de las mujeres a una vida sin violencia.

Estas refor­mas que apro­bará el pleno del Senado en breve, fuerza a garan­ti­zar que a tra­bajo igual cor­re­sponda salario igual, que los salarios se fijen con base en fac­tores obje­tivos,: las cal­i­fi­ca­ciones, esto es, conocimien­tos pro­fe­sion­ales, destreza y apti­tudes para las rela­ciones inter­per­son­ales; los esfuer­zos, men­tal y físico; las respon­s­abil­i­dades, vin­cu­ladas a los obje­tivos del patrón, con inde­pen­den­cia del nivel jerárquico del empleo y del número de per­sonas a cargo; y, las condi­ciones en que se real­iza el tra­bajo, esto es, del entorno físico y el clima psi­cológico en que se real­iza el trabajo.

La reforma abona a la pre­ocu­pación cen­tral de este gob­ierno, sus­tentó la senadora Patri­cia Mer­cado Casto, como lo es impul­sar la reac­ti­vación económica y lograr que la economía vuelva a cre­cer a tasas aceptables.

Para ello, advir­tió, se requiere, del for­t­alec­imiento del mer­cado interno, lo que se con­seguirá sólo con una política de recu­peración salar­ial y una estrate­gia de creación masiva de empleos pro­duc­tivos, per­ma­nentes y bien remu­ner­a­dos donde las mujeres sig­nif­i­can el 47 por ciento de la fuerza laboral.

Hoy en día más de la mitad de la población económi­ca­mente activa per­manece en el sec­tor infor­mal, –tra­bajo desem­peñado casi total­mente por mujeres– y este sec­tor tiene ingre­sos por debajo de la línea de pobreza y carece de presta­ciones laborales.

La difer­en­cia salar­ial entre un sexo y otro –lla­mada brecha de género– en remu­nera­ciones llega hasta el 34 por ciento, a pesar de la carga cotid­i­ana de las mujeres con dobles y triples jor­nadas de trabajo.

Las cifras en Méx­ico resul­tan alar­mantes, ya que según un estu­dio real­izado por el Con­sejo Nacional para Pre­venir la Dis­crim­i­nación (Conapred) establece que “La brecha salar­ial de género per­siste: con posi­ciones ocu­pa­cionales y esco­lar­i­dad sim­i­lares, porque los hom­bres reciben en prome­dio un ingreso lab­o­ral por hora tra­ba­jada 34.2 por ciento mayor al de las mujeres

La reforma es trans­ver­sal y per­mi­tirá recono­cer todos los tra­ba­jos de las mujeres, obliga a explicar cómo se asig­nan los salarios por sexo, su posi­ción y empoderamiento lab­o­ral, tomando en cuenta que ellas rep­re­sen­tan no sólo la mitad de la población, sino que sig­nif­i­can una aportación hasta de 30 por ciento al man­ten­imiento de los hog­a­res mexicanos.

COVID19

La senadora de Movimiento Ciu­dadano, Patri­cia Mer­cado Cas­tro, autora de una de las ini­cia­ti­vas, fem­i­nista y ex can­di­data a la pres­i­den­cia de la República, fun­da­mentó que las mujeres con tra­bajo remu­ner­ado en el sec­tor público apor­tan una pro­por­ción impor­tante del ingreso de sus hog­a­res o, en oca­siones, el total.

Pero en el con­texto de la con­tin­gen­cia por el COVID-​19, las tra­ba­jado­ras han sido par­tic­u­lar­mente afec­tadas debido a los recortes de los pro­gra­mas de apoyo que el gob­ierno fed­eral imple­mentó. De acuerdo con datos de la Sec­re­taría de Hacienda, el Pro­grama de Apoyo de Hijos de Madres Tra­ba­jado­ras —que reem­plazó al pro­grama de Estancias Infan­tiles— gastó 601 mil­lones 434 mil pesos entre enero y junio de 2020, lo que rep­re­senta una dis­min­u­ción de 49.2 por ciento real frente al mismo peri­odo de 2019, a pesar de que son un grupo de alta vulnerabilidad.

De igual forma, la Sec­re­taría de Hacienda y Crédito Público señala que el Pro­grama de Aten­ción a la Salud y Medica­men­tos Gra­tu­itos a la Población no afil­i­ada a la Seguri­dad Social ha ejer­cido 36 mil 920 mil­lones de pesos durante enero-​junio de 2020, lo que ha impli­cado una reduc­ción de 12.2 por ciento en tér­mi­nos reales frente al ejer­cido en igual lapso de 2019. Este pro­grama fue el que reem­plazó al Seguro Pop­u­lar a través de la creación del Insti­tuto de Salud para el Bien­es­tar (Ins­abi). Asimismo, en el Pro­grama de Apoyo de Hijos de Madres Tra­ba­jado­ras ha gas­tado 601 mil­lones 434 mil pesos durante enero-​junio de 2020, lo que implicó una reduc­ción de 49.2 por ciento real frente a igual lapso de 2019. Este pro­grama reem­plazó al pro­grama de Estancias Infan­tiles que ofrecía guarderías gra­tu­itas a las mujeres que lab­ora­ban en la informalidad.

En los hog­a­res com­par­tidos, esto puede sig­nificar un retro­ceso en los pequeños avances hacia la cor­re­spon­s­abil­i­dad, y obligar a que muchas mujeres recur­ran a emplearse en la infor­mal­i­dad, es decir, sin dere­chos lab­o­rales ni seguri­dad social, o per­manecer en el desem­pleo y aumen­tar de esta forma su depen­den­cia con respecto a otros inte­grantes de sus familias.

La fuerza lab­o­ral de las mujeres en el sec­tor público, además, puede generar una regre­sión en cuanto a la esta­bil­i­dad y las presta­ciones que brin­dan las condi­ciones de empleo. Esto ya es motivo de pre­ocu­pación global, ante las reac­ciones de diver­sos gob­ier­nos a los prob­le­mas financieros deriva­dos de la situación.

Un botón de muestra

¿Cuál ha sido la ten­den­cia de las bre­chas salar­i­ales en el sec­tor público en los años recientes?

En cuanto al Índice de dis­crim­i­nación salar­ial, que mide las difer­en­cias de salarios por hora tra­ba­jada para la población ocu­pada con­siderando el nivel educa­tivo, el sec­tor “activi­dades del gob­ierno y de organ­is­mos inter­na­cionales y extrater­ri­to­ri­ales” por lo gen­eral pre­senta uno de los val­ores más bajos en com­para­ción con otros sec­tores en el peri­odo 20102019. Sin embargo, hay una alta variación en el indi­cador de este sec­tor que va desde val­ores pos­i­tivos 3.9% en 2016 hasta –5.9 en 2018. Esta volatil­i­dad, que se explica por un gran número de fac­tores económi­cos, políti­cos y admin­is­tra­tivos es una razón más para estable­cer una estruc­tura de salarios más orde­nada y estable en el sec­tor público de acuerdo al prin­ci­pio de igualdad.

Sólo como una de las con­sid­era­ciones que ani­maron la reforma, estu­di­ada en el Senado, durante casi dos años, los recur­sos económi­cos que apor­tan las mujeres a sus hog­a­res es del 30 por ciento. Y la dis­pari­dad en remu­nera­ciones por el mismo tra­bajo, ha colo­cado a Méx­ico como un país con prác­ti­cas dis­crim­i­na­to­rias con­tra la mujer, par­tic­u­lar­mente en lo rela­cionado con el ámbito lab­o­ral, en donde no sólo existe una per­sis­ten­cia en tér­mi­nos de vio­len­cia ver­bal, física y psi­cológ­ica, sino que per­siste una prác­tica gen­er­al­izada ten­di­ente a priv­i­le­giar los salarios mas­culi­nos por encima de los femeninos.

Hoy, de acuerdo a Sonia M. Frías, inves­ti­gadora tit­u­lar del Cen­tro Regional de Inves­ti­ga­ciones Mul­ti­dis­ci­pli­nar­ias de la Uni­ver­si­dad Nacional Autónoma de Méx­ico (UNAM): “Casi tres mil­lones de mujeres (23% de las empleadas por cuenta ajena) les han pagado menos que a un hom­bre que real­iza las mis­mas activi­dades en el tra­bajo, además da menos opor­tu­nidades de ser ascen­di­das, y/​o recibido menos presta­ciones. Esta es una penal­ización salar­ial con­tra las mujeres por ser madres.

La adi­ción o mod­i­fi­cación a esas 14 leyes, entre otras cosas, ajusta acciones que prác­ti­cas salar­i­ales y nor­mas del tra­bajo que per­mita iden­ti­ficar patrones de dis­crim­i­nación para sancionarlos.

Establece una her­ramienta efec­tiva para que las mujeres puedan denun­ciar direc­ta­mente y sin inter­me­di­ar­ios los actos de dis­crim­i­nación salar­ial en el tra­bajo y obtener una reparación del daño, con una dis­posi­ción legal que pos­te­ri­or­mente no pueda ser evadido.

Establece la obligación de los Inspec­tores del Tra­bajo de mon­i­torear per­ma­nen­te­mente las prác­ti­cas salar­i­ales, para iden­ti­ficar actos de dis­crim­i­nación con­tra las mujeres. Crea el Sis­tema Público de Mon­i­toreo de Prác­ti­cas Salar­i­ales y Nor­mas del Tra­bajo, con informes detal­la­dos sobre prác­ti­cas dis­crim­i­na­to­rias y otras vio­la­ciones a las condi­ciones del tra­bajo con­tra las mujeres. Este Sis­tema público, per­mi­tirá iden­ti­ficar a los empleadores que come­ten actos dis­crim­i­na­to­rios, servirá para darle un seguimiento pun­tual a los casos y denun­cias, de modo que no que­den en la impunidad, y se san­cio­nen y cor­ri­jan estas prácticas.

Establece tanto en la Ley Fed­eral del Tra­bajo como en la Ley Fed­eral de los Tra­ba­jadores al Ser­vi­cio del Estado, Reglamen­taria del Apartado B) del Artículo 123 Con­sti­tu­cional, que los suel­dos deberán fijarse con base en cri­te­rios objetivos.

FUENTE: SEM MÉXICO

Edi­ción: Leti­cia E. Becerra Valdez



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Para hacer real­i­dad la igual­dad salar­ial entre hom­bres y mujeres y la no a la dis­crim­i­nación lab­o­ral anoche se aprobó un dic­ta­men en el Senado de la República, con refor­mas a 14 leyes fed­erales y gen­erales que obliga a los gob­ier­nos fed­eral y de los esta­dos, y a la ini­cia­tiva pri­vada a realizar acciones de igual­dad en mate­ria de salarios y presta­ciones; a trans­parentar cómo se asig­nan las remu­nera­ciones en la admin­is­tración pública fed­eral y a con­sid­erar todos los cri­te­rios que aún mantienen una catál­ogo de desigual­dades y vio­len­cia de género en el tra­bajo de las mujeres.

Las refor­mas bus­can –dice el dic­ta­men– con­tribuir a elim­i­nar la dis­crim­i­nación salar­ial de las mujeres en su entorno lab­o­ral, no sólo san­cio­nando las con­duc­tas que priv­i­legien por razón de género a un tra­ba­jador sobre otro, sino obligando al patrón a reparar el daño oca­sion­ado y estable­ciendo un mecan­ismo de mon­i­toreo y vig­i­lan­cia de prác­ti­cas salar­i­ales y nor­mas del tra­bajo que per­mita la discriminación.

El dic­ta­men aprobado por las comi­siones unidas de Tra­bajo y Pre­visión Social; para la igual­dad de Género y Estu­dios Leg­isla­tivos se fundó en 11 ini­cia­ti­vas pre­sen­tadas por más de 50 senadores y senado­ras, mod­i­fica 11 leyes fed­erales y tres leyes gen­erales, entre otras las de tra­bajo, ISSSTE, hacienda, cámaras empre­sar­i­ales, trans­paren­cia, pre­supuesto, de la admin­is­tración pública y la de acceso de las mujeres a una vida sin violencia.

Estas refor­mas que apro­bará el pleno del Senado en breve, fuerza a garan­ti­zar que a tra­bajo igual cor­re­sponda salario igual, que los salarios se fijen con base en fac­tores obje­tivos,: las cal­i­fi­ca­ciones, esto es, conocimien­tos pro­fe­sion­ales, destreza y apti­tudes para las rela­ciones inter­per­son­ales; los esfuer­zos, men­tal y físico; las respon­s­abil­i­dades, vin­cu­ladas a los obje­tivos del patrón, con inde­pen­den­cia del nivel jerárquico del empleo y del número de per­sonas a cargo; y, las condi­ciones en que se real­iza el tra­bajo, esto es, del entorno físico y el clima psi­cológico en que se real­iza el trabajo.

La reforma abona a la pre­ocu­pación cen­tral de este gob­ierno, sus­tentó la senadora Patri­cia Mer­cado Casto, como lo es impul­sar la reac­ti­vación económica y lograr que la economía vuelva a cre­cer a tasas aceptables.

Para ello, advir­tió, se requiere, del for­t­alec­imiento del mer­cado interno, lo que se con­seguirá sólo con una política de recu­peración salar­ial y una estrate­gia de creación masiva de empleos pro­duc­tivos, per­ma­nentes y bien remu­ner­a­dos donde las mujeres sig­nif­i­can el 47 por ciento de la fuerza laboral.

Hoy en día más de la mitad de la población económi­ca­mente activa per­manece en el sec­tor infor­mal, –tra­bajo desem­peñado casi total­mente por mujeres– y este sec­tor tiene ingre­sos por debajo de la línea de pobreza y carece de presta­ciones laborales.

La difer­en­cia salar­ial entre un sexo y otro –lla­mada brecha de género– en remu­nera­ciones llega hasta el 34 por ciento, a pesar de la carga cotid­i­ana de las mujeres con dobles y triples jor­nadas de trabajo.

Las cifras en Méx­ico resul­tan alar­mantes, ya que según un estu­dio real­izado por el Con­sejo Nacional para Pre­venir la Dis­crim­i­nación (Conapred) establece que “La brecha salar­ial de género per­siste: con posi­ciones ocu­pa­cionales y esco­lar­i­dad sim­i­lares, porque los hom­bres reciben en prome­dio un ingreso lab­o­ral por hora tra­ba­jada 34.2 por ciento mayor al de las mujeres

La reforma es trans­ver­sal y per­mi­tirá recono­cer todos los tra­ba­jos de las mujeres, obliga a explicar cómo se asig­nan los salarios por sexo, su posi­ción y empoderamiento lab­o­ral, tomando en cuenta que ellas rep­re­sen­tan no sólo la mitad de la población, sino que sig­nif­i­can una aportación hasta de 30 por ciento al man­ten­imiento de los hog­a­res mexicanos.

COVID19

La senadora de Movimiento Ciu­dadano, Patri­cia Mer­cado Cas­tro, autora de una de las ini­cia­ti­vas, fem­i­nista y ex can­di­data a la pres­i­den­cia de la República, fun­da­mentó que las mujeres con tra­bajo remu­ner­ado en el sec­tor público apor­tan una pro­por­ción impor­tante del ingreso de sus hog­a­res o, en oca­siones, el total.

Pero en el con­texto de la con­tin­gen­cia por el COVID-​19, las tra­ba­jado­ras han sido par­tic­u­lar­mente afec­tadas debido a los recortes de los pro­gra­mas de apoyo que el gob­ierno fed­eral imple­mentó. De acuerdo con datos de la Sec­re­taría de Hacienda, el Pro­grama de Apoyo de Hijos de Madres Tra­ba­jado­ras —que reem­plazó al pro­grama de Estancias Infan­tiles— gastó 601 mil­lones 434 mil pesos entre enero y junio de 2020, lo que rep­re­senta una dis­min­u­ción de 49.2 por ciento real frente al mismo peri­odo de 2019, a pesar de que son un grupo de alta vulnerabilidad.

De igual forma, la Sec­re­taría de Hacienda y Crédito Público señala que el Pro­grama de Aten­ción a la Salud y Medica­men­tos Gra­tu­itos a la Población no afil­i­ada a la Seguri­dad Social ha ejer­cido 36 mil 920 mil­lones de pesos durante enero-​junio de 2020, lo que ha impli­cado una reduc­ción de 12.2 por ciento en tér­mi­nos reales frente al ejer­cido en igual lapso de 2019. Este pro­grama fue el que reem­plazó al Seguro Pop­u­lar a través de la creación del Insti­tuto de Salud para el Bien­es­tar (Ins­abi). Asimismo, en el Pro­grama de Apoyo de Hijos de Madres Tra­ba­jado­ras ha gas­tado 601 mil­lones 434 mil pesos durante enero-​junio de 2020, lo que implicó una reduc­ción de 49.2 por ciento real frente a igual lapso de 2019. Este pro­grama reem­plazó al pro­grama de Estancias Infan­tiles que ofrecía guarderías gra­tu­itas a las mujeres que lab­ora­ban en la informalidad.

En los hog­a­res com­par­tidos, esto puede sig­nificar un retro­ceso en los pequeños avances hacia la cor­re­spon­s­abil­i­dad, y obligar a que muchas mujeres recur­ran a emplearse en la infor­mal­i­dad, es decir, sin dere­chos lab­o­rales ni seguri­dad social, o per­manecer en el desem­pleo y aumen­tar de esta forma su depen­den­cia con respecto a otros inte­grantes de sus familias.

La fuerza lab­o­ral de las mujeres en el sec­tor público, además, puede generar una regre­sión en cuanto a la esta­bil­i­dad y las presta­ciones que brin­dan las condi­ciones de empleo. Esto ya es motivo de pre­ocu­pación global, ante las reac­ciones de diver­sos gob­ier­nos a los prob­le­mas financieros deriva­dos de la situación.

Un botón de muestra

¿Cuál ha sido la ten­den­cia de las bre­chas salar­i­ales en el sec­tor público en los años recientes?

En cuanto al Índice de dis­crim­i­nación salar­ial, que mide las difer­en­cias de salarios por hora tra­ba­jada para la población ocu­pada con­siderando el nivel educa­tivo, el sec­tor “activi­dades del gob­ierno y de organ­is­mos inter­na­cionales y extrater­ri­to­ri­ales” por lo gen­eral pre­senta uno de los val­ores más bajos en com­para­ción con otros sec­tores en el peri­odo 20102019. Sin embargo, hay una alta variación en el indi­cador de este sec­tor que va desde val­ores pos­i­tivos 3.9% en 2016 hasta –5.9 en 2018. Esta volatil­i­dad, que se explica por un gran número de fac­tores económi­cos, políti­cos y admin­is­tra­tivos es una razón más para estable­cer una estruc­tura de salarios más orde­nada y estable en el sec­tor público de acuerdo al prin­ci­pio de igualdad.

Sólo como una de las con­sid­era­ciones que ani­maron la reforma, estu­di­ada en el Senado, durante casi dos años, los recur­sos económi­cos que apor­tan las mujeres a sus hog­a­res es del 30 por ciento. Y la dis­pari­dad en remu­nera­ciones por el mismo tra­bajo, ha colo­cado a Méx­ico como un país con prác­ti­cas dis­crim­i­na­to­rias con­tra la mujer, par­tic­u­lar­mente en lo rela­cionado con el ámbito lab­o­ral, en donde no sólo existe una per­sis­ten­cia en tér­mi­nos de vio­len­cia ver­bal, física y psi­cológ­ica, sino que per­siste una prác­tica gen­er­al­izada ten­di­ente a priv­i­le­giar los salarios mas­culi­nos por encima de los femeninos.

Hoy, de acuerdo a Sonia M. Frías, inves­ti­gadora tit­u­lar del Cen­tro Regional de Inves­ti­ga­ciones Mul­ti­dis­ci­pli­nar­ias de la Uni­ver­si­dad Nacional Autónoma de Méx­ico (UNAM): “Casi tres mil­lones de mujeres (23% de las empleadas por cuenta ajena) les han pagado menos que a un hom­bre que real­iza las mis­mas activi­dades en el tra­bajo, además da menos opor­tu­nidades de ser ascen­di­das, y/​o recibido menos presta­ciones. Esta es una penal­ización salar­ial con­tra las mujeres por ser madres.

La adi­ción o mod­i­fi­cación a esas 14 leyes, entre otras cosas, ajusta acciones que prác­ti­cas salar­i­ales y nor­mas del tra­bajo que per­mita iden­ti­ficar patrones de dis­crim­i­nación para sancionarlos.

Establece una her­ramienta efec­tiva para que las mujeres puedan denun­ciar direc­ta­mente y sin inter­me­di­ar­ios los actos de dis­crim­i­nación salar­ial en el tra­bajo y obtener una reparación del daño, con una dis­posi­ción legal que pos­te­ri­or­mente no pueda ser evadido.

Establece la obligación de los Inspec­tores del Tra­bajo de mon­i­torear per­ma­nen­te­mente las prác­ti­cas salar­i­ales, para iden­ti­ficar actos de dis­crim­i­nación con­tra las mujeres. Crea el Sis­tema Público de Mon­i­toreo de Prác­ti­cas Salar­i­ales y Nor­mas del Tra­bajo, con informes detal­la­dos sobre prác­ti­cas dis­crim­i­na­to­rias y otras vio­la­ciones a las condi­ciones del tra­bajo con­tra las mujeres. Este Sis­tema público, per­mi­tirá iden­ti­ficar a los empleadores que come­ten actos dis­crim­i­na­to­rios, servirá para darle un seguimiento pun­tual a los casos y denun­cias, de modo que no que­den en la impunidad, y se san­cio­nen y cor­ri­jan estas prácticas.

Establece tanto en la Ley Fed­eral del Tra­bajo como en la Ley Fed­eral de los Tra­ba­jadores al Ser­vi­cio del Estado, Reglamen­taria del Apartado B) del Artículo 123 Con­sti­tu­cional, que los suel­dos deberán fijarse con base en cri­te­rios objetivos.

FUENTE: SEM MÉXICO

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