SemMéxico, Oaxaca de Juárez, 22 de noviembre, 2021.-
Luego de 42 meses hoy un juez de Oaxaca dio por terminado un proceso que habría de resolver un triple asesinato y dejó libre al único imputado, lo que confirmó que el ex fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, obstaculizó sistemáticamente la justicia para la foto periodista Ma. del Sol Cruz Jarquín, asesinada el 2 de junio de 2018.
Además, quedó claro que la corrupción, la actuación negligente y deficiente cometidas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, durante la gestión de Vasconcelos Méndez, irregularidades señaladas reiteradamente desde el comienzo de la investigación, descuidados los procedimientos y manipulada la información, con testigos y pruebas falsas.
Y ahora, el resultado, como dijo el juez Rodrigo Brena Saavedra, hubo que cerrar el caso. Por inconsistente. No obstante, la Fiscalía, que hoy preside Arturo Peimbert está se dispone a abrir una nueva carpeta de investigación, lo que significa volver a un ciclo, donde nada asegura que no se mantendrá la impunidad. Hecho, que, según la madre de María del Sol Cruz Jarquín, periodista Soledad Jarquín Edgar, ratifica que se confirma que las diligencias del ex fiscal Vasconcelos Méndez, hubo la corrupción, poco interés en identificar a los responsables y que la actuación fue negligente y deficiente.
Ese fiscal, Vasconcelos Méndez ahora fue premiado por el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, quien lo nombró, luego de su dimisión responsable de la Secretaría de Bienestar. Hoy, una nueve de feministas y familiares de María del Sol Cruz Jarquín exigen al gobernador que destituya de inmediato, al ahora funcionario público, si no lo hiciera, dijeron, se considerará que el gobernador es cómplice responsable Recordó la madre de Cruz Jarquín, joven fotoperiodista, llena de vida e ilusiones, que no valieron gestiones, audiencias, tiempo, ni el sentimiento de impotencia de la madre, sus hermanas y las abogadas. Vaya, no valió ni siquiera la intervención del Gobierno Federal. Ahora la familia y las mujeres en Oaxaca, no sólo exigen la inmediata destitución de Vasconcelos Méndez, sino que se le juzgue por negligencia y corrupción.
La decisión tomada hoy, durante lo que se llama Tribunal de Enjuiciamiento y que desechar la investigación – se llama sobreseimiento-revela que esa institución ha violentado de forma sistemática el derecho humano a la justicia para las víctimas, que éstas fueron discriminadas, además que se obstaculizó el derecho de las familias a la verdad histórica, el derecho a no repetición de los hechos para la sociedad oaxaqueña y deja en claro que hay un patrón de impunidad sistemática.
Sobreseimiento
Así fue como el juez Rodrigo Brena Saavedra hoy dio por terminada una parte del proceso –la del único imputado- en una investigación que se abrió hace 42 meses por el triple asesinado, en tiempos electorales, de María del Sol Cruz Jarquín, así como de Pamela Itzamaray Terán Pineda, candidata y de Adelfo Jiménez Guerra, chofer, sucedido la madrugada del 2 de junio de 2018, en Juchitán, Oaxaca.
La acción del juez como parte del Tribunal de Enjuiciamiento del que se acusa a J.E.H.C. en calidad de coparticipe, ahora en libertad, llevaron este día a esa institución a solicitar el sobreseimiento parcial de la causa penal por el delito de homicidio calificado cometido contra las 2 mujeres a las que se negó juzgar con calidad de feminicidio; el hecho de negarse a juzgar los hechos, con perspectiva de género y además perder pruebas, y retardar, una y otra vez la investigación, por causas no claras.
En conferencia de prensa, la madre de Cruz Jarquín, la periodista Soledad Jarquín Edgar, la abogada Yésica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, explicaron cómo se llegó a esta resolución.
Sánchez Maya señaló que en los últimos tres años y medio la Fiscalía a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez obstaculizó el cotejo del expediente, necesario para la preparación de la audiencia del Tribunal de Enjuiciamiento, llamado de debate realizada este 22 de noviembre”, expediente que sólo se pudo cotejar hasta ahora.
Explicó que todo ello hace evidente cómo se obstaculizó el proceso y dejo ver “un trasfondo” no explicado. ¿A quién se protegió? ¿Cómo? Y se permitió que la Fiscalía General del estado construyera un andamiaje profundo de impunidad,
Por su parte Jarquín Edgar dijo que durante los ya casi tres años medio, que han transcurrido desde que fueran asesinadas y asesinado en Juchitán de Zaragoza el 2 de junio de 2018, ella y sus abogadas, sistemáticamente advirtieron de las inconsistencias, dilaciones, actos de corrupción, ocultamiento de información, acciones que son “parte de una evidente cadena de hechos que obstaculizan la justicia para María del Sol y las otras dos víctimas”.
Los argumentos del juez fueron claros para determinar esta resolución judicial que pone término parcial al proceso, por causas legales, que impiden su continuidad, y señaló “…los errores existentes en la investigación van desde falta de cuidado y conservación de las pruebas hasta fabricación de testigos, los cuales impactan a tal magnitud de que no se cuenta con pruebas suficientes para comprobar ante los jueces la responsabilidad del acusado de iniciales J.E.H.C., lo cual no significa que sea inocente, sino falta de prueba por parte de la institución ministerial”, como dice un párrafo del sobreseimiento parcial que presentó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en los juzgados de Tanivet, Tlacolula, presentado durante la audiencia de debate realizada esta mañana.
A la prensa Jarquín Edgar, reiteró que “durante meses denunciamos que la Fiscalía de Vasconcelos Méndez, hoy flamante Secretario de Bienestar del Gobierno del Estado que preside Alejandro Murat, había actuado para proteger a los responsables materiales e intelectuales de dos feminicidios y un homicidio calificado; le pedimos en reiteradas ocasiones que tomara en cuenta que dos de las víctimas eran mujeres para que se aplicara el protocolo correspondiente de feminicidio y se investigara, por tanto, desde una perspectiva de género, incluso el funcionario,- el Fiscal- con sorna, reiteró su posición frente a las y el integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la entonces 64 Legislatura y calificó a las asesoras jurídicas de no saber, esto en diciembre pasado.”
Agregó que se le exigió, una y otra vez, que en las investigaciones fueran exhaustivas en sus documentales y en lo que derivó de las pocas entrevistas que realizaron, algunas de ellas sin la firma de las personas entrevistadas. También se le advirtió en decenas de ocasiones la falta de cientificidad en las investigaciones, siempre erráticas,” incluso nunca hubo la certeza de la existencia del supuesto testigo de identidad reservada”, hoy, dice la Fiscalía, se está frente “a la fabricación de pruebas”.
En el amañado proceso, este año, se pudo constatar, dijo la madre, que la carpeta de investigación tenía fallos garrafales como la extracción de documentos fundamentales, no hubo cuidado en la preservación de pruebas, se detectaron cadenas de custodia rotas y documentos que no correspondían a esa carpeta.
El proceso plagado de irregularices o “fallas técnicas” como se conoce en el argot jurídico en las diversas actuaciones del Ministerio Público responsable, llevaron sistemáticamente al diferimiento de la audiencia intermedia, como lo fue la falta de representación social de las víctimas indirectas de Pamela y de Adelfo o el supuesto criterio de oportunidad que presentó el inculpado y que terminaron por admitir que no fueron ellos sino una propuesta de la Fiscalía, lo que retrasó la audiencia intermedia por más de 90 días.
“En total: enfrentamos seis veces el diferimiento de la audiencia intermedia, aunado al tiempo que se interrumpió como resultado de pandemia de Covid 19, y que llevó al Tribunal Superior de Justicia a suspender sus actividades entre marzo y septiembre de 2020, sin embargo, dicha audiencia se desarrolló hasta diciembre, para finalmente pasar a la etapa de juicio hace apenas dos meses”
Agregó que hubo soberbia en Vasconcelos Méndez, que ella quedó demostrada una y otra vez. Se lamentó que a pesar de los señalamientos hechos, por la madre, por la asesora jurídica Bárbara García Chávez , ella quien insistió en que no se habían ni siquiera llamado a declarar a actores fundamentales como los hermanos FJML y HML, así como las inconsistencias señaladas por la abogada María de Lourdes López Velasco, quien fue enfática en la necesidad de cotejar los expedientes y la defensora de derechos humanos Yesica Sánchez Maya, no hubo cambio de actitud y sí una prepotente y descalificadora.
El ex Fiscal puso en riesgo a la madre de la foto periodista.
Luego relató cómo durante estos 42 meses, además, el fiscal, ahora integrante del gabinete de Murat Hinojoza, filtró información desde la vice fiscalía regional del Istmo hacia actores que nada tenían que ver con el caso, favoreciendo con ello a los responsables del feminicidio de María del Sol y Pamela y del asesinato Adelfo. Y acusó: “De esta forma, el ex fiscal me puso en riesgo en más de una ocasión.
Declaró que ese fiscal “el, y nadie más”, mandó quitar los espectaculares de exigencia de justicia en 2019 y en 2020 – dentro de una campaña de denuncia- y pretendió mediáticamente acusar a la madre de estar mal informada sobre las investigaciones que supuestamente realizaba y por tanto menospreció el trabajo de quienes me han acompañado en la búsqueda de verdad y justicia.
Y remató: “Por todo ello, desde este lugar y ante lo que es evidente, exijo al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, que al menos por esta vez, valore la responsabilidad de Vasconcelos Méndez que ha dañado al sistema de justicia en Oaxaca y con ello a diversas familias, por lo que debe destituirlo del cargo actual que le dio el 31 de mayo pasado, justo dos días antes de que se cumplieran tres años del atentado que terminó con la vida de tres personas jóvenes, ‘como premio a su buena actuación como fiscal´. Si Alejandro Murat no actúa como debe ser, se confirmará que es cómplice, por omisión, de este entramado de acciones dolosas orquestadas para no alcanzar la verdad de los hechos y la justicia para las víctimas. Su gobierno, que pronto iniciará la cuenta regresiva, pasará a la historia manchado por la sangre de las víctimas y por el daño que causa la impunidad.”
Ahora, después de mil 170 dolorosos días, la Fiscalía, que preside Arturo Peimbert, informó que se va a reiniciar la investigación, que se abrió una nueva carpeta y sé habrá que seguir adelante, a lo que Jarquín Edgar, puntualizó “no podemos parar ahora porque la impunidad sigue. Nadie hasta ahora ha sido castigado, ni los autores intelectuales ni los materiales, a los que se añaden nuevos actores: más de un servidor público, empeñado en proteger a los delincuentes del 2 de junio de 2018”.
FUENTE:SEMMÉXICO
Edición: Leticia E. Becerra Valdez
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