Morelia, Michoacán, 23 de marzo del 2022.-
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, firmaron el Protocolo General de Actuación del Gobierno de Michoacán para la Transición de las Comunidades Indígenas hacia el Autogobierno y Ejercicio de Recursos Públicos.
Con la formalización de este documento, los funcionarios y servidores públicos tendrán una guía de los procedimientos que establece la Ley Orgánica Municipal para acompañar, institucionalmente, a los pueblos originarios que decidan transitar a la autodeterminación de recursos propios, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Destacó que el protocolo se trabajó en coordinación con instituciones académicas, investigadores, autoridades municipales, comunidades que se rigen por usos y costumbres, así como por los órganos electorales, el Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), la Auditoría Superior del estado y el Congreso local, para cuidar el estado de derecho.
Ramírez Bedolla recordó que en Michoacán hay 138 comunidades indígenas con calidad de jefatura de tenencia que pueden optar por la aplicación de la ley para elegir, libremente, su forma de organización y gobierno.
Actualmente, puntualizó, son 21 comunidades indígenas las que se rigen por usos y costumbres en la entidad y de éstas, once se definieron con base a la legislación, ocho por resolutivos de tribunales y dos por acuerdos entre comunidades y ayuntamientos.
"El objetivo es terminar cualquier el distanciamiento entre el estado y los pueblos indígenas, garantizar el cumplimiento a la normatividad y los derechos humanos, así como fortalecer mecanismos de apoyo para este sector, ya que como lo he reiterado, dedicaré gran parte de mi tiempo en construir nueva relación para que los pueblos y comunidades indígenas estén a la altura de los cambios de transformación que requiere Michoacán", afirmó el gobernador.
Por su parte, el presidente consejero del IEM, reiteró el compromiso institucional para facilitar a las comunidades indígenas que así lo soliciten, los procesos para transitar al autogobierno y determinación de recursos propios.
Edición: Leticia E. Becerra Valdez
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